No pedimos un privilegio. No pedimos que cambien nada. Pedimos que el Estado haga lo que su propia ley le manda hacer.
En Colombia hay una ley, aprobada por el Congreso, que dice cómo deben tratarse los dispositivos menos letales. Está escrita, está vigente, y nadie la ha derogado. Simplemente no se está cumpliendo. Eso es todo lo que reclamamos.
La Ley 2197 de 2022 —la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Congreso— hizo dos cosas con las armas traumáticas:
Eso es la ley. Ni más, ni menos. Y nosotros la aceptamos completa — incluido el permiso. Queremos registrarnos. Queremos el papel.
El permiso del artículo 32 se reglamentaba con el Decreto 1563 de 2022. El 2 de febrero de 2023 la Corte Constitucional, en la Sentencia C-014, tumbó las normas que lo sostenían.
Desde entonces no existe la entidad que expida ese permiso, ni el procedimiento, ni el formulario. No es que sea difícil o caro. No existe.
Y mientras tanto, en la calle se sigue aplicando el Decreto Ley 2535 de 1993 —una norma de hace treinta años, escrita cuando la categoría de menos letal ni existía en el papel—. Incautaciones, decomisos y judicializaciones a gente que compró con factura.
La ley te exige un permiso que ninguna entidad puede darte, y te castiga por no tenerlo. En derecho eso tiene nombre desde hace dos mil años: ad impossibilia nemo tenetur — nadie está obligado a lo imposible.
Esto no es una interpretación nuestra. Tres decisiones judiciales ya resolvieron que portar uno de estos dispositivos sin permiso no encaja en el delito de porte ilegal de armas de fuego:
Tres jueces, tres ciudades, la misma conclusión. Pero cada uno de ellos tuvo que meterse en un proceso penal para que se lo reconocieran. Eso es lo que un decreto resolvería de una vez y para todos.
Zona Traumática no es solo una tienda. Cada cosa que hacemos apunta a lo mismo: que la ley escrita se aplique, y que mientras tanto nadie quede indefenso.
Explicamos las normas, las sentencias y los procedimientos en lenguaje que se entiende. Nuestra biblioteca legal reúne más de veinte normas, con simulador de procedimiento policial incluido.
Derechos de petición, y las acciones que siguen cuando no responden. Una petición sola se archiva; muchas, no. Es lo que estamos haciendo ahora mismo.
Cuando a alguien le incautan su arma, hay una ruta jurídica para recuperarla. La conocemos y la hemos recorrido.
El 8 de septiembre de 2026 el Gobierno expidió el Decreto 1368 y destrabó el porte de armas de fuego que llevaba suspendido desde 2018. Demostró que estos bloqueos se resuelven con un decreto y voluntad.
Ese decreto no menciona los dispositivos menos letales ni una sola vez. Estamos pidiendo el nuestro, por derecho de petición, firmado por cada ciudadano en nombre propio.
Es gratis, toma dos minutos y no necesitas abogado. El sistema arma tu documento con tus datos y te dice exactamente a dónde mandarlo. Lo mandas tú.
Firmar es la acción colectiva. Pero el día que te paren en la calle estás vos solo, y ahí lo que sirve es saber exactamente qué decir. Todo esto es gratis:
Una requisa simulada, paso a paso, con las respuestas correctas en cada momento. Muy pocos la pasan completa a la primera — mejor fallar acá que en la calle.
Más de veinte normas explicadas en lenguaje que se entiende: Ley 2197, artículo 223 de la Constitución, Decreto 2535, Sentencia C-014, los fallos de los tribunales. Con las citas exactas, para que puedas mostrarlas. Entrar a la biblioteca →
Zona Traumática tiene carné del Club, asesor legal por WhatsApp y acompañamiento si te incautan el arma. No hace falta para firmar tu petición — pero si ya te pasó algo, o no querés que te agarre desprevenido, ahí está. Ver el respaldo jurídico →
No promovemos que nadie ande armado, ni que se desobedezca a la autoridad. Promovemos lo contrario: que haya reglas claras, registro, control y trazabilidad — que es justo lo que hoy no existe porque falta la reglamentación.
El policía que hace un procedimiento tampoco tiene una norma clara que invocar. Reglamentar nos sirve a todos.