Léelo completo. Son cinco minutos y vas a entender tu situación legal mejor que el 90% de la gente que anda con una traumática encima.
El Presidente firmó el Decreto 1368 y levantó la suspensión del porte de armas de fuego. Llevaba trabada desde 2018.
Ojo con lo que te están contando por ahí, porque la mayoría lo contó mal: esto no es porte libre. El artículo 2 lo dice con todas las letras — "no crea nuevos derechos, no autoriza el libre porte de armas de fuego, ni modifica los requisitos legales (…)". Al que ya tenía su permiso vigente le quitaron un trámite de encima. Al que no lo tenía, le toca el proceso completo, igual que siempre.
Yo me leí las cuatro páginas. Y busqué una palabra: "traumática". Cero resultados. "Menos letal": cero. "Ley 2197": cero.
Nosotros no aparecemos ahí. Y aun así te digo que es la mejor noticia que hemos tenido en cuatro años. Te explico por qué.
La Ley 2197 de 2022 —esa la aprobó el Congreso, no es invento mío— creó en su artículo 28 una categoría propia: "armas, elementos y dispositivos menos letales": elementos "concebidos para controlar una situación específica (…) generando incomodidad física o dolor". Categoría aparte, distinta de las armas de fuego.
Y el artículo 32 dice que para portarlos necesitas permiso.
Aquí ponme atención, porque es donde se confunde todo el mundo: yo no estoy peleando ese permiso. Lo quiero. Quiero registrarme, quiero que me den un papel, quiero andar tranquilo. El problema es otro.
Para poder darte ese permiso, el Gobierno sacó el Decreto 1563 de 2022: registro, marcaje, cómo se expide. Todo el andamiaje.
El 2 de febrero de 2023 la Corte Constitucional, en la Sentencia C-014, tumbó los parágrafos 1º y 2º del artículo 25 y el artículo 30 completo de la Ley 2197. Consideró que la forma en que se le entregaba esa regulación al DCCAE iba contra los artículos 22A y 223 de la Constitución.
La Corte hizo lo suyo. Pero cuando esas normas se cayeron, el piso donde se paraba la reglamentación se cayó con ellas.
Hoy en Colombia la ley te exige un permiso que ninguna entidad te puede dar. No hay autoridad encargada, no hay procedimiento, no hay formulario. No es que sea difícil, ni caro, ni que haya que hacer fila. Es que no existe.
Y mientras ese hueco sigue ahí, en la calle te aplican el Decreto Ley 2535 de 1993. Una norma de hace treinta años, escrita cuando la categoría de "menos letal" ni existía en el papel.
Y ahí viene lo que ya te pasó, o le viste pasar a un conocido: te requisan, te quitan el arma que compraste con factura, te suben a la patrulla, y a veces hasta te judicializan.
Y que quede claro de dónde viene esto, porque a nosotros nos han querido vender que es inevitable: la norma que te ampara existe desde enero de 2022. La Corte falló en febrero de 2023. Tres tribunales lo confirmaron. No es que no tengan qué aplicar — es que no están aplicando lo que ya está escrito.
El argumento que te sueltan en el procedimiento es siempre el mismo: "si usa pólvora, es arma de fuego". Y suena lógico, porque el artículo 6 de ese decreto del 93 define arma de fuego como la que impulsa el proyectil con la combustión de una sustancia química.
Pero mira esto. La Resolución 01840 del 20 de junio de 2025 —el manual de la propia Policía Nacional para el empleo de armas menos letales— en su artículo 10.1.1 clasifica los lanzadores de 37/38 mm y de 40 mm de su propia dotación como menos letales. Y los describe textual como armas que "permiten la iniciación de CARGAS PIROTÉCNICAS (PÓLVORA) o de presión".
O sea: la Policía usa pólvora en sus armas menos letales y no las llama armas de fuego. El criterio no es el mecanismo, es la letalidad y para qué está hecha el arma. La institución lo tiene clarísimo cuando se trata de su propia dotación. El día que te para en la calle, se le olvida. Ese doble rasero no es un error técnico: está escrito en su propio manual, firmado en 2025.
Esto no es teoría mía. Tres decisiones judiciales ya resolvieron que portar uno de estos dispositivos sin permiso no encaja en el delito de porte ilegal de armas de fuego del artículo 365 del Código Penal:
Tres jueces, tres ciudades, la misma conclusión. Pero fíjate en el detalle: cada uno de ellos tuvo que meterse en un proceso penal para que se lo reconocieran. Con abogado, con audiencias, con meses encima. Eso es lo que un decreto resolvería de una sola vez y para todos.
Acá quiero ser exacto, porque es lo que más te importa y es lo más fácil de contar mal.
No te pueden condenar. Portar tu traumática sin permiso no encaja en el delito del artículo 365 del Código Penal. Lo dijeron tres tribunales distintos, en tres ciudades distintas.
Y fijate en el caso del Tribunal de Bogotá, porque no hay uno más duro: ahí una persona murió por un disparo de traumática. El acusado tenía antecedentes y pertenecía a una banda. Lo condenaron por homicidio — y aun así lo absolvieron del porte ilegal. Si con un muerto de por medio la atipicidad se sostuvo, se sostiene en tu caso.
Y las dos normas con las que te asustan ya no mandan sobre lo tuyo:
Te pueden quitar el arma. Hoy, esta semana. No porque la ley se los permita, sino porque siguen aplicando una norma que dejó de regir hace años — y nadie dentro de la institución lo ha corregido.
Te pueden llevar a una URI. Vas a ganar, porque la ley te da la razón. Pero te van a costar meses, un abogado y una angustia que no tendrías por qué estar pagando vos. El error es de ellos y el precio lo pagás vos: eso es exactamente lo que venimos a cambiar.
Y el artículo 32 sigue exigiendo un permiso. Que no exista cómo sacarlo lo vuelve imposible de cumplir, pero no lo borra del papel.
Entonces resumamos: el miedo a que te condenen se acabó. El miedo a que te hagan pasar el mal rato, no.
Y eso es exactamente lo que venimos a acabar. Que el que compró legal, con factura y a la luz del día, deje de depender de la suerte de qué patrullero le toque y de si esa mañana alguien se leyó la ley.
No estamos pidiendo un favor. Estamos exigiendo que hagan su trabajo.
No pedimos una ley nueva — la Ley 2197 ya existe y la aprobó el Congreso. No pedimos que la Corte revise nada — ya falló. Pedimos un decreto. La misma herramienta que el Gobierno acaba de usar, y que le funcionó.
Con reglamentación hay registro, hay control, hay requisitos y hay trazabilidad. Sin ella no hay nada de eso, y el que pierde es el que compró legal. Reglamentar nos conviene a todos.
El derecho de petición está en el artículo 23 de la Constitución. Es gratis, no necesitas abogado, y la autoridad está obligada a responderte en 15 días hábiles.
Una petición sola se archiva y no pasa nada — eso lo sabemos todos. Pero mil peticiones bien fundamentadas, sobre el mismo punto, en la misma semana, ya no son un ciudadano molesto: son un problema que toca resolver.
Por eso te pido dos minutos. Te registras, el sistema te arma tu documento con tu nombre y tu cédula, te decimos a qué correos mandarlo y qué escribir, y lo mandas tú. Nosotros no radicamos por ti — esto lo firmas y lo mandas tú, y por eso vale.
Nos vemos del otro lado, hermano.
Firmar es la acción colectiva. Pero el día que te paren en la calle estás vos solo, y ahí lo que sirve es saber exactamente qué decir. Todo esto es gratis:
Una requisa simulada, paso a paso, con las respuestas correctas en cada momento. Muy pocos la pasan completa a la primera — mejor fallar acá que en la calle.
Más de veinte normas explicadas en lenguaje que se entiende: Ley 2197, artículo 223 de la Constitución, Decreto 2535, Sentencia C-014, los fallos de los tribunales. Con las citas exactas, para que puedas mostrarlas. Entrar a la biblioteca →
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