Después vinieron dos oficios que se contradicen y un comunicado sin firma para todas las peticiones. Ahora van tres acciones jurídicas: ver la historia completa →
Léelo completo. Al final vas a entender por qué cada incautación de los últimos tres años se hizo sin norma que la habilite — y por qué esta petición es la que lo pone por escrito.
9 de septiembre de 2026. Comunicación institucional del Ejército Nacional, replicada por El Espectador, Infobae y Cablenoticias. Habla el jefe del DCCAE:
Minuto 00:31 — "las armas traumáticas también deben tener un permiso de porte avalado por el Departamento de Control Comercio de Armas, que es la única autoridad que expide permiso"
Minuto 01:11 — "el que compre hoy un arma traumática estaría como fuera de la ley"
Minuto 01:18 — "va a ser sujeto a una incautación (…) por parte de una unidad militar o una unidad policial"
El video está guardado con su huella digital. Cada frase se puede verificar contra el minuto exacto.
La Sentencia C-014 del 2 de febrero de 2023 declaró inexequibles los parágrafos 1º y 2º del artículo 25 y el artículo 30 de la Ley 2197. Y esas normas eran, exactamente, las que le daban al DCCAE lo que ahora dice tener:
Parágrafo 1º, hoy inexequible: los particulares podrán adquirir y portar dispositivos menos letales "conforme a lo establecido por la Industria Militar y el Departamento Control Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE)".
Artículo 30, hoy inexequible: "El Gobierno nacional a través del DCCAE, o quien haga sus veces, regulará las armas, elementos, dispositivos menos letales y municiones…".
No es que la facultad esté en discusión. Está fuera del ordenamiento desde hace más de tres años y medio, y nadie la ha vuelto a otorgar.
Artículo 243: "Los fallos que la Corte dicte hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo…". Y la C-014 declaró la inexequibilidad por razones de fondo. Decir hoy que el DCCAE es "la única autoridad que expide permiso" es reproducir exactamente lo que la Corte sacó.
Entra a controlarmas.mil.co, preguntas frecuentes. A la pregunta de qué norma rige las armas traumáticas, responden una sola cosa: "Decreto No 1417 de 2021". El decreto derogado.
No aparece la Ley 2197. No aparece la C-014. Y no hay ningún trámite descrito para traumáticas — mientras para armas de fuego, explosivos y sustancias químicas detallan el procedimiento completo, paso a paso.
O sea: la entidad que se declara "única autoridad" ni siquiera tiene publicado el trámite que dice ser la única en poder hacer.
Esa página declara en sus propios metadatos cuándo se creó y cuándo se tocó por última vez. Los consultamos en vivo el 10 de septiembre de 2026:
No es una página vieja que nadie alcanzó a actualizar. La escribieron dieciocho meses después del fallo, poniendo ahí el decreto derogado — y volvieron a tocarla tres meses más tarde, dejándolo igual.
En el mismo video dijeron que el permiso exige un marcaje previo ante Indumil que funcionó "hasta el año 2023".
Entonces, con sus propias palabras:
Si el permiso necesita ese marcaje…
…y el marcaje se acabó en 2023…
…entonces el que compró después no puede sacarlo aunque quiera. Y le anuncian incautación por no tener un papel que ellos mismos dejaron de poder expedir.
Eso tiene nombre en derecho desde hace dos mil años: ad impossibilia nemo tenetur. Nadie está obligado a lo imposible.
Esto no es una discusión entre abogados. Cada vez que sale una declaración así, pasa esto:
Todo eso lo produce una afirmación que no tiene norma que la sostenga.
Acá está el punto que nadie te dice, y conviene que lo tengas clarísimo:
El DCCAE no tiene hoy la facultad que invoca. Se la quitaron en 2023 y nadie se la devolvió. No es que la tenga y la esté usando mal: es que no la tiene.
Y de ahí se sigue lo que importa: una incautación por fuera de la normativa vigente no es un procedimiento discutible. Es una extralimitación de funciones.
Cada incautación de un dispositivo menos letal fundada en el Decreto 2535 de 1993 o en el Decreto 1417 de 2021 se está haciendo sin la norma que la habilite. Y llevamos años así.
Una declaración en video, por más grave que sea, no es un acto administrativo. No es resolución, ni dictamen, ni concepto oficial. Es una declaración pública.
La petición cambia eso. Cuando una entidad responde un derecho de petición, lo hace mediante un acto oficial firmado. Y ahí es donde el terreno cambia por completo:
Castiga al servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Prisión de 48 a 144 meses, multa e inhabilitación de 80 a 180 meses.
La palabra que decide es "manifiestamente". Y lo que la vuelve manifiesta es todo lo que ya pasó: una sentencia de la Corte con efectos para todos, tres tribunales, y su propio manual aplicando el criterio correcto a su dotación. Después de eso, nadie puede alegar que no sabía.
Por eso las cinco preguntas son las que son. Si responden por escrito citando el Decreto 1417 o el 2535 para sostener una competencia que no tienen, ya no es una declaración en un video: es un concepto oficial, firmado, y con la jurisprudencia encima.
No estamos declarando culpable a nadie — eso le corresponde a un juez. Estamos construyendo el expediente para que un juez pueda mirarlo. Y hacerlo, además, es un deber: el artículo 95 numeral 7 de la Constitución obliga a todo ciudadano a denunciar ante las autoridades las actuaciones de servidores públicos que desconozcan la ley.
Cinco preguntas. Ninguna se contesta con relleno, porque todas piden un dato concreto o obligan a elegir:
Contesten lo que contesten, quedan comprometidos por escrito. Y si no contestan, el silencio también queda documentado — y ese silencio es lo que abre la puerta a lo que sigue.
Firmar mi derecho de petición Firmar también la del Decreto 1368Firmar es la acción colectiva. Pero el día que te paren en la calle estás vos solo, y ahí lo que sirve es saber exactamente qué decir. Todo esto es gratis:
Una requisa simulada, paso a paso, con las respuestas correctas en cada momento. Muy pocos la pasan completa a la primera — mejor fallar acá que en la calle.
Más de veinte normas explicadas en lenguaje que se entiende: Ley 2197, artículo 223 de la Constitución, Decreto 2535, Sentencia C-014, los fallos de los tribunales. Con las citas exactas, para que puedas mostrarlas. Entrar a la biblioteca →
Zona Traumática tiene carné del Club, asesor legal por WhatsApp y acompañamiento si te incautan el arma. No hace falta para firmar tu petición — pero si ya te pasó algo, o no querés que te agarre desprevenido, ahí está. Ver el respaldo jurídico →